El crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno aislado en América Latina para convertirse en un factor estructural que afecta la política, la economía y la sociedad. No se limita al narcotráfico, sino que abarca redes flexibles que operan en mercados ilícitos diversos, como el tráfico de personas y armas, la minería ilegal, la corrupción y el cibercrimen. Estas organizaciones han desarrollado un poder económico y coercitivo que compite con el del Estado, socavando su capacidad de acción e incidiendo directamente en la institucionalidad democrática. Hoy, más de 100 millones de personas viven bajo esquemas de gobernanza criminal en la región.
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Este viernes 24 de mayo a las 9:15 (Montevideo), IDEA Internacional invita al panel de discusión sobre Seguridad y Democracia, denominado "El desafío de seguridad para las democracias en América Latina", el cual es copatrocinado por Ágora e Inter- American Dialogue.
Este informe presenta un análisis detallado del proceso electoral de Uruguay en 2024, destacando su alto desempeño democrático. Examina el contexto político, social y económico, la estructura de la competencia partidaria, el rol de los plebiscitos y los resultados de las elecciones. Además, identifica desafíos clave como la representación política de las mujeres y la supervisión del financiamiento político, ofreciendo perspectivas para mejorar la integridad y la representación electoral.
Marcela Ríos Tobar, Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, participó en una ronda de reuniones en Uruguay del 13 al 15 de marzo que contempló su presentación ante autoridades, organismos de cooperación internacional y socios del proyecto activo en el país.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, la población joven, las personas con
The world is changing at non-precedent speed, and democracy is challenged to accompany these changes in a responsible and innovative way. Parliaments have a critical role to play in this framework, and anticipatory parliamentary practice could be one of the key tools to face the challenge.